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"¿Cuáles son los requisitos formales que debe cumplir un escrito de interposición de recurso de casación según la Ley de Casación ecuatoriana, y cómo se aplicaron en el caso de Carlos Vinicio Velasco Ochoa?",
"El recurso de casación debe interponerse cumpliendo requisitos formales estrictos para su admisibilidad, como lo estipula el artículo 6 de la Ley de Casación. Este artículo exige la indicación de la sentencia o auto recurridos, la individualización del proceso y las partes, la enunciación de las normas de derecho infringidas o solemnidades omitidas, la determinación de las causales en que se funda el recurso, y los fundamentos que lo apoyan. En el caso de Carlos Vinicio Velasco Ochoa, se determinó que si bien individualizó el proceso (No. 2015-0876) y las partes (actor Carlos Vinicio Velasco Ochoa vs. demandado Ronald Owen Wright Duran Ballen), y enunció normas de derecho supuestamente infringidas (artículos 113 y 115 del Código de Procedimiento Civil; 185, 188, 353 y 593 del Código del Trabajo; 369 de la Constitución; 155 y 370 de la Ley de Seguridad Social), fundamentando su recurso en la causal Primera del artículo 3 de la Ley de Casación, no cumplió adecuadamente con la formalización. Específicamente, al basarse en la causal primera, el actor debió señalar normas de derecho sustantivo que conformaran proposiciones jurídicas completas, es decir, con supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Sin embargo, no todas las normas señaladas como infringidas reunían ambos elementos, siendo meramente enunciativas, y además se alegaron normas de derecho adjetivo (artículos 113 y 115 del Código de Procedimiento Civil). Esta deficiencia en la formalización del recurso, al no cumplir con la exigencia de la proposición jurídica completa y mezclar normas sustantivas y adjetivas en la fundamentación de la causal primera, llevó al rechazo del recurso por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 6, numeral 4 de la Ley de Casación.",
"La pretensión principal del Banco Bolivariano C.A. en su demanda fue la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado y de todo el procedimiento sancionador iniciado mediante la Resolución No. SB-IRG-DRCP1-2018-428 del 5 de noviembre de 2018. Esta pretensión se fundamentó en la vulneración del derecho a la defensa, específicamente por no haber sido notificado, conforme al artículo 252 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), con el contenido del informe que supuestamente emitió la Directora Nacional de Atención y Educación al Ciudadano, el cual habría sido la base para iniciar el procedimiento. La falta de notificación de este informe impidió al banco contradecir su contenido y presentar pruebas de descargo. Subsidiariamente, el banco solicitó la nulidad del acto y del procedimiento por tres motivos: primero, por habérsele negado indebidamente la práctica de pruebas esenciales, violando el artículo 76, numeral 7, literal h) de la Constitución; segundo, por no haberse pronunciado la Superintendencia sobre el recurso de apelación interpuesto el 6 de diciembre de 2018, lo que violó el derecho a la defensa en triple vertiente (procedimiento aplicable, respuestas oportunas y motivadas); y tercero, por vulnerar el derecho a recibir resoluciones motivadas y a contradecir pruebas contrarias, ya que el acto impugnado no precisó los audios ni los clientes específicos que fundamentaban la sanción.",
"La presentación extemporánea de un recurso de impugnación contra un fallo de tutela tiene como consecuencia directa que la decisión de tutela se considere no impugnada, adquiriendo firmeza y ejecutoria. Esto implica que la autoridad judicial de segunda instancia carece de competencia para conocer el fondo del asunto. En consecuencia, cualquier actuación realizada por el juez de segunda instancia, incluyendo la declaración de nulidad o la decisión sobre el fondo, se considera afectada por una nulidad insaneable, debiendo dejarse sin efecto. Según el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada, el juez de primera instancia, ante la extemporaneidad de la impugnación, debió remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en lugar de conceder el recurso."
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